Religión

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Marco legal sobre libertad religiosa y su aplicación efectiva

Japón es una monarquía democrática constitucional. La religión se profesa libremente en un país donde el sintoísmo se practica de forma generalizada, si bien el porcentaje de personas que se declaran sintoístas es muy pequeño[1]. El Gobierno protege el derecho del individuo a practicar su religión, cuestión en la que se mantiene completamente neutral. El respeto a la libertad religiosa se basa en la Constitución y las leyes vigentes.

La Constitución de Japón [2] , que se promulgó el 3 de noviembre de 1946 y entró en vigor el 3 de mayo de 1947, defiende los principios legales y las normas sobre la libertad de creencias, incluyendo la separación entre la religión y el Estado.

En su artículo 20 declara que «se garantiza la libertad universal de culto. Ninguna organización religiosa recibirá privilegios del Estado ni tampoco ejercerá autoridad política. Nadie estará obligado a tomar parte en actos, celebraciones, ritos o prácticas religiosas de cualquier índole. El Estado y sus organismos se abstendrán de intervenir en la educación religiosa y en cualquier otra actividad de esta naturaleza».

En el artículo 89, establece que «los fondos u otros bienes públicos no serán utilizados o destinados para uso, beneficio o mantenimiento de instituciones o asociaciones religiosas, así como empresas de caridad, educativas o humanitarias, que no estén bajo el control de la autoridad pública».

Estas disposiciones garantizan no solo los aspectos subjetivos de la libertad de religión (como la
libertad de creer o no creer, de convertirse, de culto, de organizar y difundir las creencias
religiosas), sino que también consagran los aspectos objetivos e institucionales, por ejemplo, la
estricta separación entre la religión y el Estado, de modo semejante al secularismo de Estado de
Francia.

Sin embargo, tales disposiciones no siempre han estado presentes en la historia o en las leyes fundamentales de Japón. La Constitución de 1947, que se redactó deliberadamente en clara oposición a la carta constitucional de la era Meiji, pretendió crear un modelo liberal y una democracia pacífica en un país abatido por la derrota militar y las bombas atómicas. Al postular los derechos naturales e inviolables de la persona, los autores de la Constitución convirtieron la
libertad religiosa en la base de la independencia espiritual de cada uno de los ciudadanos japoneses. De esta forma, se quiso acabar con la antigua obediencia ciega a la autoridad del tennō (‘el emperador’) por parte de los súbditos, costumbre estrechamente vinculada al sintoísmo impuesto por el Estado. Habría que preguntarse si realmente se ha conseguido conciliar los principios de la libertad religiosa con la tradición japonesa.

Según los especialistas en la legislación del país [3], la jurisprudencia constitucional de las décadas de 1970, 1980 y 1990 ha salvaguardado la libertad religiosa y el principio de la laicidad del Estado, gracias a los continuos esfuerzos realizados por diversos movimientos civiles. Así, se han presentado numerosos recursos de inconstitucionalidad ante los tribunales. La opinión  pública se ha dividido. Eso explica, por ejemplo, por qué la subvención que el Estado había concedido al templo sintoísta de Yasukuni [4] llegara a considerarse imposible desde el punto de vista legal y práctico. A partir de una sentencia del Tribunal Supremo de 1997 se ha hecho extremadamente difícil que el primer ministro o cualquiera de los miembros de su Gabinete asista a un acto oficial de culto.

No existen leyes ni normas que obliguen a los grupos religiosos a inscribirse en ningún registro gubernamental. Sin embargo, es importante conocer el estatus de una organización religiosa con fines fiscales, ya que los donativos y contribuciones están exentos de todos los impuestos, siempre que se justifique debidamente su uso. Las autoridades conceden el estatus de organización religiosa a la comunidad que puede demostrar que cuenta con un lugar de culto y que su fin principal es impartir enseñanza religiosa, celebrar ceremonias y formar a sus fieles. Según la Agencia para Asuntos Culturales, la autoridad competente en este ámbito, a 31 de diciembre de 2014 había registradas unas 181 400 organizaciones religiosas; un número muy elevado, pues cada templo budista o sintoísta debe inscribirse individualmente.

Incidentes

Los incidentes son excepcionales y, en la mayoría de los casos, el motivo siempre es el mismo. Afectan a prisiones concretas y al acceso de los presos al culto y a los objetos necesarios para su vida religiosa. En las cárceles no hay capellanes; las autoridades cuentan con la presencia de 1 900 capellanes de prisiones para budistas, sintoístas y cristianos, pero la normativa y la disciplina son tan estrictas en estos centros que impiden la libertad religiosa de los detenidos.
Por ejemplo, en el año 2014, los gestores de la prisión de Tottori no permitieron que un interno cristiano en régimen de aislamiento tuviese una Biblia. La Asociación de Abogados de Tottori solicitó el 27 de abril de 2016 que se respetaran los derechos religiosos del detenido y que se le entregara una Biblia, pero la respuesta no cambió: el reglamento de los detenidos en régimen de aislamiento no les permite tener libros[5].

Otro caso se produjo en mayo de 2016, cuando el Tribunal Supremo ratificó una sentencia emitida por un tribunal inferior que imponía el pago de 90 000 000 yenes (675 000 EUR, 769 000 USD) a diecisiete musulmanes, en concepto de indemnización por la violación de su privacidad en un exceso de vigilancia policial. Sin embargo, el Tribunal no consideró que se hubiera vulnerado el derecho constitucional a la libertad religiosa de los demandantes[6] .

Otro incidente ilustra un aspecto concreto de lo que podría constituir el inicio de graves violaciones de la libertad religiosa de los ciudadanos japoneses. El 19 de julio de 2016, un tribunal de Tokio falló a favor de una exmaestra cristiana de una escuela de enseñanza primaria.

En 2010, esta maestra se había negado a tocar el himno nacional en una ceremonia organizada por el centro escolar, basándose en que las referencias del himno al culto sintoísta ofendían sus creencias religiosas. En los tribunales inferior y de apelación, la maestra perdió el caso y se declararon legales las deducciones de salario impuestas por las autoridades educativas regionales. Esta maestra no ha logrado defender sus derechos hasta esta última fase, cuando un tribunal de Tokio reconoció que su actitud había sido prescrita por su religión; sin embargo, dicho tribunal manifestó también que la orden de tocar el himno nacional era constitucional [7] .

Futuro de la libertad religiosa

Aunque los japoneses siguen considerando sus instituciones, incluidos los tribunales, como los garantes de la naturaleza democrática de su vida política nacional, la ideología del actual Gobierno es una fuente de preocupación. Las autoridades han planteado abiertamente la posibilidad de que se puedan mermar algunas libertades constitucionales, aunque sin llegar a negarlas completamente. Personas cercanas al primer ministro, Shinzō Abe, en el poder desde el 26 de diciembre de 2012, han defendido reformas constitucionales y la implantación de un
«nuevo régimen» para el Japón actual. Shinzō Abe, que cuenta con mayoría en las dos cámaras del Parlamento japonés, afirmó que la Constitución de 1947 era «un acto de contrición del vencido ante el vencedor» y señaló que el texto fundamental del país debería «estar elaborado por nosotros mismos». No oculta que pretende «abandonar el régimen de la posguerra» [8] .

Los especialistas en la Constitución apuntan que el proyecto de reforma de esta presentado por el ala conservadora del Partido Liberal Democrático de Shinzō Abe no se limita al artículo 9 (Japón renuncia a la guerra como medio de resolver los conflictos) [9], sino que afecta también a las relaciones entre el Estado y los grupos religiosos, a la educación patriótica, y a los derechos fundamentales de los individuos. Si se les permite, la Constitución dejará de ser una carta elaborada para defender los derechos de los ciudadanos respecto al Estado y pasará a convertirse en una herramienta para ampliar y mantener el ámbito de actuación de las autoridades. Si bien el riesgo de revivir el sintoísmo de Estado de la década de 1930 y hasta 1945 es bajo, la cuestión de las libertades fundamentales puede tener consecuencias en lo que respecta a la libertad de
religión [10] . Si eso ocurriera, Japón entraría en contradicción flagrante con la protección de los derechos humanos tal y como están consagrados en la Carta de las Naciones Unidas, firmada y ratificada por Tokio.

Notas finales / Fuentes

[1] V. MINISTERIO DE ASUNTOS INTERNOS Y COMUNICACIONES DE JAPÓN, Statistical Yearbook of Japan.

[2] V. Japan’s Constitution of 1946 (‘Constitución de Japón de 1946’). En: Constitute Project, constituteproject.org. [En línea]. Disponible en:
https://www.constituteproject.org/constitution/Japan_1946.pdf?lang=en [Consulta: 21 febrero 2018]. Los artículos citados de la Constitución japonesa han sido tomados y traducidos de esta fuente.

[3] V. Raymond GOY, Du droit interne au droit international: Le facteur religieux et l’exigence des droits de l’homme. Rouen: Publications de l’Université de Rouen, 1998.

[4] El templo de Yasukuni (Yasukuni Jinja, ‘santuario de un pueblo pacífico’) es un santuario
sintoísta ubicado en Tokio, que conmemora a quienes murieron sirviendo a la patria, y entre
cuyos nombres figuran también los de algunos criminales de guerra juzgados y ejecutados
después de la Segunda Guerra Mundial. Construido en 1869 para honrar a los japoneses «que
dieron su vida por el emperador de Japón», custodia el alma de más de dos millones de soldados
japoneses que murieron entre 1868 y 1951. Considerado uno de los símbolos del pasado
nacionalista y militarista de Japón, cada vez que alguna personalidad política japonesa ha acudido al lugar a presentar sus respetos ha suscitado la controversia en Asia oriental, especialmente en Corea del Sur y en China. El santuario está integrado por un museo, el Yūshūkan, donde se exhiben artefactos históricos y paneles que narran la historia militar de Japón. Su enfoque museográfico ha sido criticado como nacionalista, revisionista y sesgado.

[5] V. «Japan». En: OFICINA DE DEMOCRACIA, DERECHOS HUMANOS Y TRABAJO DEL DEPTO. DE ESTADO DE LOS ESTADOS UNIDOS, International Religious Freedom Report for 2016 (‘Informe sobre la Libertad Religiosa en el Mundo 2016’). [En línea]. Disponible en:
http://www.state.gov/j/drl/rls/irf/religiousfreedom/index.htm?year=2016&dlid=268734[Consulta: 13 febrero 2018].

[6] Ibidem.

[7] Ibidem.

[8] Kosuke TAKAHASHI, «Shinzo Abe’s Nationalist Strategy. With his overt nationalism and his
historical revisionism, Shinzo Abe has a plan for Japan». The Diplomat, 13-2-2014. [En línea].
Disponible en: http://thediplomat.com/2014/02/shinzo-abes-nationalist-strategy/ [Consulta: 13 febrero 2018].

[9] El artículo 9 de la Constitución de Japón declara lo siguiente:
«Aspirando sinceramente a una paz internacional basada en la justicia y el orden, el pueblo japonés renuncia para siempre a la guerra como derecho soberano de la nación, y a la amenaza o al uso de la fuerza como medio de solución en disputas internacionales. Con el objeto de llevar a cabo el deseo expresado en el párrafo precedente, no se mantendrán en lo sucesivo fuerzas de tierra, mar o aire, como tampoco otro potencial bélico. El derecho de beligerancia del Estado no será reconocido».

[10] V. «L’épiscopat catholique met en garde contre une éventuelle révision de la Constitution du
pays». Églises d’Asie, 21-8-2013. [En línea]. Disponible en: http://eglasie.mepasie.org/asiedunord-est/japon/2013-08-21-l2019episcopat-catholique-met-en-garde-contre-une-eventuelle- revision-de-la-constitution-du-pays [Consulta: 13 febrero 2018].

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